Lo que en el año 212 arrancó como una simple maniobra política y de recaudación de impuestos por parte del emperador Caracalla, terminó transformándose en un hito trascendental para la humanidad. Esta audaz medida alteró para siempre la forma en que los Estados identifican y clasifican a su población. De no haber existido esta determinación sobre el estatus social y los tributos, nuestra concepción actual de la justicia sería completamente distinta.

Si faltara esta pieza clave en la historia, probablemente hoy no tendríamos pasaportes. Tampoco contaríamos con la identidad jurídica que nos define en la actualidad, y el principio básico de la igualdad ante la ley habría tomado un rumbo irreconocible.

Un mandato radical: la ciudadanía universal en Roma

Justo en ese año 212, Caracalla promulgó una ordenanza sin precedentes que la historia recuerda por su denominación en latín, la Constitutio Antoniniana. Mediante este único edicto, otorgó la plena ciudadanía romana a la inmensa mayoría de los hombres libres que habitaban el vasto territorio imperial. Hasta ese momento preciso, gozar de esta condición era un privilegio extremadamente exclusivo, celosamente reservado a un grupo minúsculo de elegidos.

Antes de la entrada en vigor de esta normativa, solo una fracción ínfima de los habitantes ostentaba este codiciado estatus. Este derecho pertenecía casi en exclusiva a quienes residían en la península itálica, a los veteranos de guerra ya retirados, a la aristocracia urbana y a un puñado de figuras influyentes de las provincias más remotas. El edicto, por tanto, sacudió los cimientos y reconfiguró por completo la rígida jerarquía social de la época.

Para millones de personas comunes y corrientes, esta apertura supuso modificaciones palpables en su rutina diaria de forma repentina. Ingresar oficialmente en las filas de los ciudadanos de la todopoderosa Roma trajo consigo ventajas prácticas decisivas: