La monarquía británica vuelve a enfrentarse a una compleja batalla legal y simbólica en pleno corazón de Londres. Después de que el rey Carlos despojara a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, de la inmensa mayoría de sus dignidades reales y oficiales, el último gran reconocimiento del exduque pende de un hilo. Dado que el controvertido exintegrante de la realeza se niega a devolver este galardón de manera voluntaria, las autoridades han impulsado una nueva medida legislativa para retirárselo de forma definitiva.
El pulso final por la distinción Freedom of the City of London
Hasta la fecha, el antiguo duque de York había logrado conservar el título de ‘Freedom of the City of London’, un honor que heredó originalmente de su padre, el príncipe Felipe, durante el año 2012. Aunque los responsables de esta condecoración le habían sugerido en privado que diera un paso al lado y renunciara a su puesto, su absoluta falta de respuesta ha obligado a iniciar trámites judiciales formales.
«Avanzamos con ese procedimiento y, si los miembros electos ratifican el nuevo mecanismo, tendrán la potestad de debatir si se le debe retirar el título honorífico a Andrés Mountbatten-Windsor», detalló un portavoz oficial de la City of London Corporation.
Este movimiento institucional supone un punto de inflexión fundamental. Hasta este preciso momento, la corporación carecía del marco normativo necesario para despojar directamente de la distinción a cualquiera de sus galardonados, lo que había atado de manos a la organización.
Los archivos del caso Epstein provocaron la ruptura real
El desmantelamiento sistemático de la figura pública de Andrés Mountbatten-Windsor tiene su origen en las graves polémicas judiciales que le han rodeado recientemente. Tras la publicación de nuevos documentos vinculados al caso Epstein el pasado mes de octubre, el monarca británico reaccionó con contundencia, eliminando de un plumazo cualquier privilegio o dignidad real asociada a su hermano.
La situación experimentó un giro todavía más drástico e insólito en febrero de 2026, momento en el que se vio al exduque abandonar la comisaría de Aylsham tras ser sometido a diversos interrogatorios relacionados con esta compleja trama.
«Este procedimiento refleja a la perfección cómo las instituciones culturales del Reino Unido y la propia Casa Real actúan de forma proactiva hoy en día, buscando blindar su reputación frente a escándalos del pasado», analiza Thomas Clausen, experto en realeza e historiador de la Universidad de Copenhague.
Una orden milenaria de 1237 se ve obligada a cambiar sus normas
Los orígenes de la histórica orden Freedom of the City of London se remontan al lejano año 1237, siendo sus miembros designados habitualmente por los concejales de la capital británica. Si bien en sus inicios esta concesión otorgaba ventajas comerciales exclusivas y plenos derechos como ciudadano libre, en la actualidad se ha consolidado como uno de los reconocimientos de mayor prestigio de todo el país.
El simple hecho de tener que redactar una propuesta de ley específica para despojar de sus honores a figuras envueltas en grandes controversias demuestra la extrema gravedad que rodea la actual situación del exduque. Si los representantes políticos dan luz verde a este mecanismo inédito, estaríamos ante la primera vez en la historia contemporánea que esta orden milenaria se ve forzada a expulsar a un integrante directo de la familia real.
Seguridad jurídica y repercusiones al retirar reconocimientos
Cuando se suprimen títulos históricos o condecoraciones de este calibre a través de nuevas normativas, suelen surgir debates jurídicos de gran calado en torno a las garantías del proceso y los derechos de las partes implicadas.
«Resulta fundamental recordar que este tipo de actuaciones administrativas y legales deben respetar siempre la jurisprudencia en vigor. Es imperativo contar con el respaldo de un profesional del derecho cuando se valoran modificaciones en estatutos de carácter histórico», recalca Mette Lauridsen, asesora jurídica principal del Instituto de Derechos Humanos.
Se prevé que el desenlace de esta encrucijada institucional quede resuelto a lo largo de los próximos meses. Será entonces cuando los dirigentes políticos y los asambleístas londinenses sometan a votación la implantación y uso de este nuevo reglamento sancionador, marcando un antes y un después en la historia monárquica de la ciudad.
