La contienda política en Estados Unidos ya no se libra únicamente en los mítines multitudinarios; el verdadero campo de batalla se ha trasladado a los buzones de los ciudadanos. Con unas elecciones inminentes donde el control del Congreso pende de un hilo, cada voto vale su peso en oro. Sin embargo, una estrategia republicana clave, diseñada para endurecer los requisitos del sufragio por correspondencia, acaba de estrellarse contra un muro judicial infranqueable en Washington.

Un revés monumental en los tribunales

Los magistrados del Tribunal Supremo estadounidense han asestado un golpe inesperado y contundente a Donald Trump. Han frenado en seco el intento del servicio postal del país de imponer, en el tiempo de descuento, restricciones mucho más severas para la gestión del voto por correo.

Aunque el Departamento de Justicia intentó tramitar una apelación de urgencia, la máxima autoridad judicial del país desestimó la petición sin miramientos. De este modo, se mantiene en vigor la resolución previa de un tribunal inferior, en la que la jueza Indira Talwani paralizó temporalmente estas nuevas normativas postales hasta que concluyan formalmente los procesos legales.

A través de un breve comunicado, el Alto Tribunal determinó que las objeciones del Gobierno a esta medida cautelar difícilmente prosperarían en el juicio principal. Resulta llamativo que, pese a contar con una holgada mayoría conservadora de 6 a 3, tan solo dos magistrados —Samuel Alito y Clarence Thomas— dejaron constancia pública de su desacuerdo con la decisión.

¿Qué implicaban estos cambios en la práctica?

Si se hubiera dado luz verde al servicio de correos para aplicar estos procedimientos justo antes de los comicios, los distintos estados se habrían enfrentado de golpe a un caos burocrático inasumible, plagado de exigencias técnicas sumamente complejas.

La propuesta exigía que las autoridades electorales estatales entregaran al servicio postal listados exhaustivos con todos los ciudadanos que desearan votar a distancia. Además, se imponía el uso obligatorio de sobres oficiales específicos, equipados con códigos de barras únicos. Si el nombre del votante no figuraba en la lista o faltaba el código de barras, los carteros tendrían potestad para ignorar esas papeletas y simplemente descartarlas sin procesarlas.

Numerosos críticos alzaron la voz alertando de que este descontrol administrativo podría anular miles de sufragios perfectamente legales, justo cuando la fecha electoral del 3 de noviembre acecha en el calendario. Ya en su fallo de septiembre, Indira Talwani subrayó que este método probablemente vulneraba la Constitución estadounidense, la cual delega la organización de los comicios en cada estado. Asimismo, recalcó la imposibilidad material de ejecutar cambios tan drásticos con un margen de tiempo tan escaso. Esta postura fue respaldada poco después por el juez de distrito Carl Nichols en una resolución independiente.

Aunque la administración defendió a capa y espada estas regulaciones como un escudo necesario contra el fraude electoral, las pruebas concretas sobre un abuso sistemático del voto por correo siguen brillando por su ausencia.

Indignación entre voces destacadas del panorama político

La repentina intervención del Tribunal Supremo sacudió de inmediato el tablero político, desatando reacciones encendidas en ambos lados del espectro.

Sophia Lin Lakin, líder del proyecto de derechos de los votantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, no escatimó en críticas. Acusó al Ejecutivo de tensar los límites constantemente y de pisotear la legislación cuando esta no se alinea con la agenda presidencial. Dejó meridianamente claro que la responsabilidad de establecer las reglas electorales federales recae, según la Constitución, en el Congreso y en los estados, no en el despacho del presidente ni en el servicio postal.

Varios representantes estatales que habían combatido ferozmente estas restricciones celebraron el veredicto, calificándolo como un triunfo mayúsculo para el libre acceso de los electores a las urnas.

Gavin Newsom, gobernador de California, describió la jornada como un día excepcional para la democracia, el Estado de derecho y la ciudadanía estadounidense. Además, enfatizó que los embates contra los principios democráticos básicos presenciados durante los últimos veinte meses por parte de la administración Trump chocan frontalmente con los valores fundamentales del país.

La falta de tiempo resultó ser el factor determinante

Un detalle fascinante de todo este proceso es que, incluso para el sector más conservador del Tribunal Supremo, el ajustadísimo calendario fue lo que acabó inclinando la balanza de forma definitiva.

En su declaración concurrente, el juez Brett Kavanaugh puso el foco en un obstáculo puramente práctico. Aun suponiendo que este tipo de regulaciones encajaran teóricamente en las competencias del servicio postal, los responsables electorales a nivel local y estatal simplemente no dispondrían del tiempo necesario para implementar las normas con garantías antes de las elecciones de 2026.

Esa misma inquietud ya había sido manifestada la semana pasada por el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito al negarse a levantar la prohibición inicial. Los magistrados advirtieron que los requisitos planteados probablemente arrebatarían el derecho al voto a millones de ciudadanos en todo el país, mientras que el beneficio real en la lucha contra el presunto fraude sería prácticamente nulo.

Por el momento, el panorama ha quedado totalmente despejado. Los sistemas electorales de los distintos estados seguirán funcionando bajo sus normativas locales habituales. Esto garantiza que los votantes podrán enviar sus papeletas por correo con total tranquilidad, sin temor a sufrir nuevas e inesperadas injerencias desde el gobierno federal.