Estados Unidos vuelve a sacudir el tablero del comercio mundial al anunciar una nueva ronda de gravámenes que oscilan entre el 10 y el 12,5 por ciento. Esta contundente medida económica impacta de lleno a más de ochenta naciones de todo el planeta. Dentro del grupo de afectados figuran socios comerciales indispensables, tales como la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, México, Australia, China y también la India.
Estas recientes barreras aduaneras llegan para sustituir al anterior arancel provisional del diez por ciento, cuya vigencia terminó en la madrugada del viernes. El gobierno de Donald Trump defiende esta agresiva estrategia escudándose en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la principal meta de imponer estas amplias tarifas es frenar en seco la entrada de artículos fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso.
A diferencia de otras resoluciones polémicas donde el mandatario recurrió a poderes de emergencia, esta normativa concreta permite, al menos sobre el papel, penalizar prácticas mercantiles foráneas tras una investigación previa. No obstante, para aplicar este castigo se exige demostrar sin lugar a dudas que dichos métodos de fabricación perjudican o marginan directamente al mercado estadounidense.
Líderes internacionales cuestionan la legalidad de la medida
Como era de esperar, la respuesta de la comunidad internacional ha sido prácticamente inmediata. Numerosos jefes de Estado han mostrado su escepticismo tanto por el momento elegido como por el trasfondo de esta ofensiva arancelaria. Las posturas defensivas de las naciones perjudicadas presentan notables diferencias:
- Canadá argumenta que debería quedar exenta de estos nuevos impuestos de forma automática, puesto que el país ya aplica restricciones internas muy severas contra bienes procedentes del trabajo esclavo.
- La Unión Europea ha exigido de inmediato una aclaración oficial, remarcando con firmeza que el continente cumple escrupulosamente con todos sus compromisos dentro de los pactos transatlánticos actuales.
- Noruega optó por cuestionar directamente la base legal de las tarifas, mientras que Australia y Brasil coinciden en tachar el proceder de Washington como totalmente infundado.
Todo esto ha provocado que la tensión diplomática alcance niveles máximos en Washington. En estos momentos, la Casa Blanca se enfrenta al enorme desafío de justificar el uso de aranceles masivos para combatir conflictos laborales, en lugar de recurrir a sanciones precisas e individualizadas.
Sobre este espinoso asunto se ha pronunciado Matthew Holmes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio canadiense, quien ha instado a la comunidad internacional a sumar esfuerzos de manera más inteligente.
«Si el verdadero propósito es erradicar el trabajo forzado, la estrategia debe centrarse en un plan conjunto a través de herramientas multilaterales ya existentes, y no en iniciativas unilaterales», argumentó con claridad Matthew Holmes.
Los tribunales podrían tener de nuevo la última palabra
Este panorama reaviva un histórico debate constitucional sobre la separación de poderes dentro del país norteamericano. Cabe recordar que el pasado febrero, el Tribunal Supremo frenó en seco la costumbre de Donald Trump de invocar leyes de emergencia de forma reiterada. En aquella ocasión, los magistrados dictaminaron sin tapujos que el Congreso posee la autoridad exclusiva para establecer aranceles durante tiempos de paz, dejando claro que el presidente en funciones carece de dicha potestad.
Un reciente informe elaborado por Alan Wolff, ex director general adjunto de la Organización Mundial del Comercio, sugiere que esta última maniobra tropezará con un muro en el sistema judicial de EE. UU. A su juicio, usar el pretexto del trabajo forzoso para imponer estas tasas representa otro claro caso de extralimitación del poder presidencial.
«Si esta nueva ola de aranceles llega a los juzgados, existe una elevadísima probabilidad de que el Tribunal Supremo estadounidense termine por anularlos sistemáticamente», detalló el prestigioso especialista en comercio exterior.
El creciente malestar interno de los ciudadanos estadounidenses también podría convertirse en una pieza clave del rompecabezas. Según un sondeo muy exhaustivo realizado recientemente, nada menos que siete de cada diez estadounidenses perciben las tácticas comerciales de su presidente como el detonante principal del actual encarecimiento del coste de la vida y la inflación.
Todo apunta a que la polémica determinación de la Casa Blanca va a desatar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Durante las próximas semanas, es muy probable que presenciemos no solo una avalancha de demandas judiciales y peticiones de exención, sino también duras represalias económicas orquestadas por gobiernos indignados a lo largo y ancho del globo.
